Daniel Ramirez Herrera, defensor público general, desde el Circuito Judicial Penal zuliano, ofreció una rueda de prensa en la que detalló todo el proceso. Destacando que el estado venezolano es responsable de garantizar y hacer respetar los derechos y garantías procesales, constitucionales de los detenidos.
Herrera explicó que el año pasado inició en el estado Zulia, el Plan de Defensa y Justicia penitenciaria en fase de ejecución, que obtuvo importantes resultados. Ya que en relación y trabajando articuladamente con las demás instituciones, como el TSJ, la Sala de Casación Penal, el Ministerio Público, el Ministerio del Poder Popular de Servicio Penitenciario, el Ministerio de Interior Justicia y Paz, lograron dar respuesta y revisar las causas que se encontraban en fase de ejecución.
«Tramitamos distintas solicitudes ante estos ministerios, como los antecedentes penales, las evaluaciones psicosociales y los registros del SIPOL. Para que estas personas puedan obtener una forma de alternativa de cumplimiento de pena; finalizando el año pasado con más de cuatro mil», expresó.
Fase de proceso, intermedia y de juicio
Añadió que este año volvió el plan, pero ya referido a la fase de proceso, intermedia y de juicio, lo que quiere decir que desde los circuitos judiciales revisarán todos y cada uno de los expedientes de los privados de libertad que se encuentran en esta fase para posteriormente hacer las gestiones necesarias y que puedan tener la audiencia preliminar.
La misión es revisar expedientes y hacer la solicitud, por ejemplo ante la presidenta de la Sala de Casación Penal, la magistrada Elsa Gómez. «Esperamos lograr finalizar la revisión de estas causas el día de hoy aquí, para seguir trabajando en los demás estados», dijo.
«Igualmente para la fase de juicio, ciudadanos que ya tienen un tiempo detenidos, algunos de ellos con más de tres años y no se ha logrado constituir el tribunal, no se ha logrado la asistencia de los testigos y por tanto, también ser citados los expertos, la víctima», destacó.
